Labor de periodistas debe ser defendida como bien público, afirmó comisionado del INAI
Por: Rafael Montes
El derecho al acceso de la información está conectado con el periodismo y la libertad de expresión es una condición necesaria para la democracia, así lo refirió Francisco Javier Acuña.
La labor de los periodistas debe ser defendida como un bien público, pues sus investigaciones contribuyen a informar a la sociedad, aseguró Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al participar en el foro Retos y Desafíos del Acceso a la Información desde la Perspectiva de la Seguridad Pública.
Acuña aseguró que la libertad de expresión es una condición necesaria para la democracia y que el periodismo es una vía de iluminación del espacio público; por esa razón, dijo, el derecho de acceso a la información está conectado con el periodismo.
“Para defender la luz, hay que defender los focos, si quieres defender la iluminación defiende cada farola, lo digo en tono metafórico, porque si no, no puedes alegar que quieras iluminación del espacio público”, enfatizó Acuña en su participación en el mencionado foro, en donde expuso el caso del recurso de revisión RRA 12103/20, mediante el cual el INAI hizo valer el derecho de acceso a la información de una persona que solicitó la carpeta de investigación del asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez.
El foro fue convocado por la Coordinación General de Transparencia del gobierno de Jalisco y participaron comisionados de diferentes institutos de transparencia del país.
Ahí, Acuña Llamas explicó que el caso del asesinato de la periodista Regina Martínez “es un referencial, que se utiliza o que se puede invocar como caso representativo para exigir celeridad de justicia”.
Dijo que el derecho de acceso a la información “no es sólo un derecho para poder ir a conocer detalles de la gestión pública y de la calidad de la vida pública, en casos como éste y otros, es un revulsivo, un punto de provocación para acelerar el desarrollo de otras funciones del Estado”.
El comisionado afirmó que al ser considerado un asunto en el que se violaron derechos humanos, la información sobre el asesinato de Regina Martínez reviste interés público, pues reúne las condiciones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que se ordenó a la Fiscalía General de la República entregar una versión pública de la carpeta de investigación y hacerla llegar a la persona que la solicitó.
“Conforme a la ley, efectivamente, los asuntos que se encuentran pendientes de resolución y especialmente los que tienen que ver con la indagación o la indagatoria de los delitos no se pueden entregar; eso es una afirmación que goza de validez. Pero, precisamente, por eso el legislador mexicano siendo visionario y sabiendo que había un constante abuso contempló dos excepciones”, explicó Acuña.
Esas dos excepciones, recordó, permiten garantizar el derecho a saber, aun en los casos en los que la ley establece que la información debe ser reservada: cuando el asunto está relacionado con violaciones graves a derechos humanos o con actos de corrupción.
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