• Opinión

• Redacción
• 02 marzo 2026

Rumbo a 2027, conviene decirlo sin rodeos: la competencia política en Tlaxcala no comenzará con las campañas. Ya comenzó; y no solo en los espectaculares o en las bardas, ni en los eventos festivos de un aspirante, sino en algo mucho más profundo: la configuración anticipada de ventajas al margen de la ley.

No estamos frente a una simple efervescencia de aspiraciones; estamos ante la ambición sin límite del poder.

Cuando hablo de poder no hablo solamente de candidaturas. Hablo de la oligarquía local enraizada en el ejercicio del gobierno durante décadas y que no están dispuestos a dejarlo en otras manos.

Este grupo con estructuras de control territorial, de influencia institucional, de narrativa pública; Hace hasta lo imposible por instalar una figura en el imaginario colectivo con despliegues publicitarios que requieren una inversión millonaria y lo hacen burlando la ley, con la complacencia omisiva de la autoridad electoral en el estado. Lo que está en juego no es un nombre en la boleta; es la forma de mantenerse en el poder en los próximos años.

Negar que esta estrategia ya está en marcha es la mejor forma de evadir responsabilidades, está también en sus cálculos el que los ciudadanos aceptaran pasivamente estos actos propagandísticos; calculo que no les esta resultando ya que por el contrario, los ciudadanos manifiestan una molestia y hartazgo ante estas prácticas y contra ese grupo. Y  sin duda les corregirán la plana en el momento de preguntar su opinión  en la encuesta para definir a quien postulara Morena en la elección del 2027.

En sistemas políticos locales con alta concentración de poder, la sucesión suele administrarse desde dentro. Los grupos dominantes buscan garantizar continuidad bajo el argumento de estabilidad; si estructuras gubernamentales, partidistas o incluso institucionales se inclinan de facto hacia una opción, el debate ya no es quién aspira, sino en qué condiciones compite. Y cuando la percepción de inequidad se instala, la confianza pública se erosiona. No necesariamente por ilegalidad comprobada, sino por sensación de imposición.

El riesgo de cualquier intento de imponer a un “perfil a modo” no es únicamente electoral. Es político. La historia demuestra que la ciudadanía puede tolerar muchas cosas, pero no la sensación de que las decisiones se toman en mesas cerradas y luego se legitiman como si se tratara de un trámite.

Quienes creen que el poder se hereda cometen un error de cálculo. En democracia, el poder se construye y se valida todos los días frente a la ciudadanía. La estabilidad no depende exclusivamente de quién gane, sino de que todos acepten cómo se ganó.

Si el proceso de 2027 mediante la imposición, el resultado podrá ser legal, pero será políticamente frágil. Y un gobierno que arranca con fragilidad de origen enfrenta un costo permanente en gobernabilidad.

Y si algo necesita Tlaxcala en los próximos años no es una continuidad administrada desde el poder, sino estabilidad democrática basada en reglas claras, competencia real y árbitros con credibilidad. Porque cuando las reglas son confiables, el resultado fortalece al sistema. Cuando no lo son, lo debilita desde su raíz.

El debate no es sobre nombres. Es sobre condiciones. Y el pueblo seguro establecerá las suyas.