El Costado Ciego del Buen Gobierno
“El votante retrospectivo no premia la intención, premia el resultado en la categoría que él mismo definió como urgente; todo lo demás es ruido de campaña.” — Morris Fiorina, sobre la lógica del consumidor político
Colombia despierta con un preconteo —todavía no vinculante, con 33 mil mesas bajo impugnación, equivalentes a 27% del total instalado— que da a Abelardo de la Espriella al frente por apenas 247.287 votos sobre Iván Cepeda: 49,65% contra 48,70%, el margen más cerrado en la historia de un balotaje colombiano. La pregunta que importa no es quién quedó arriba en ese conteo preliminar, sino por qué un gobierno con el mejor expediente social en dos décadas estuvo a punto de perder la sucesión que él mismo diseñó.
El expediente que no alcanzó
Empecemos por lo que el gobierno saliente sí logró, porque ignorarlo sería deshonesto y porque ahí está la paradoja central de esta columna. El DANE certificó que 1,79 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria solo durante 2025, llevando el indicador nacional a 28%, el nivel más bajo registrado en lo que va del siglo —una caída de 3,8 puntos frente al 32% de 2024—. El coeficiente de Gini retrocedió de 0,551 a 0,531 en el mismo periodo. La pobreza multidimensional cerró 2025 en 9,9%, 1,6 puntos menos que el año anterior, con una caída aún más pronunciada en zonas rurales: de 27,3% en 2022 a 22,4% en 2025. En el balance acumulado del sexenio, cerca de cuatro millones de personas dejaron atrás la pobreza monetaria. Son cifras que cualquier gobierno latinoamericano exhibiría como pase directo a la reelección de su proyecto.
Y sin embargo, Iván Cepeda, el heredero designado de ese proyecto, terminó por debajo del umbral de victoria. Aquí está la primera lección que cualquier estratega debe asumir sin anestesia: un balance social sobresaliente no es garantía de continuidad electoral si el votante decisivo está evaluando una materia distinta.
Cuando el termómetro de aprobación ya marcaba la sentencia
El error no se explica por una mala última semana de campaña, sino por un pasivo acumulado durante años, medido con precisión por la encuesta Invamer. Entre 2023 y buena parte de 2025, el respaldo presidencial se mantuvo encajonado entre 34% y 38%, frente a una desaprobación estable de entre 57% y 60%. La recuperación llegó tarde y fue insuficiente: subió a 49,1% en febrero de 2026, empujada por medidas distributivas de última hora como el ajuste al salario mínimo, y volvió a desinflarse a 45,8% en mayo, semanas antes de la elección decisiva. La aprobación funciona como inventario acumulado, no como flujo del momento: un repunte de tres meses no borra cuatro años de desconfianza construida día a día. La encuesta de mayo lo confirmó sin matices: 52,2% de los colombianos consideraba que el país iba por mal camino, frente a solo 43,3% que veía un rumbo favorable —exactamente el segmento que terminó inclinando la balanza en un resultado de menos de un punto porcentual.
El miedo no se mide en pesos, se siente en el cuerpo
Ese desgaste tiene un origen identificable más allá de las cifras de pobreza, y es aquí donde la Teoría de la Elección Retrospectiva muestra toda su fuerza explicativa. El votante no compara categorías entre sí; evalúa cada una por separado y castiga sin compensación cruzada la que él mismo definió como prioritaria. Para el elector colombiano de 2026, esa categoría no fue el ingreso —donde el gobierno ganaba con claridad— sino la seguridad, donde el desempeño fue opuesto a lo prometido.
Los números son contundentes. La extorsión acumula un incremento superior al 800% desde 2010. Los grupos armados ilegales pasaron de aproximadamente 6.000 integrantes en 2017 a cerca de 27.000 en 2025, un crecimiento doce veces más rápido que el de la fuerza pública estatal en el mismo periodo. El primer trimestre de 2026 registró 3.391 homicidios intencionales y 2.914 casos de extorsión, ambos con alzas interanuales; las masacres aumentaron 32% en ese mismo trimestre, con 94 víctimas en tres meses, y para junio ya se contaban 64 masacres en lo corrido del año, más del doble que las 30 registradas en el mismo periodo de 2025. El año 2025 cerró con 13.734 homicidios y una tasa de 26,08 por cada 100.000 habitantes, de los cuales 77% involucró arma de fuego; el secuestro creció 114% en ese mismo año.
La percepción ciudadana no deja espacio para la duda interpretativa: 85,4% de los colombianos consultados por Invamer dijo creer que la inseguridad había empeorado, frente a solo 11,5% que percibió mejora. Y el dato más demoledor para cualquier gobierno que busque reelegirse en su proyecto: 73,8% consideró que el Estado y las Fuerzas Armadas habían perdido el control de las zonas donde operan grupos armados ilegales. Sobre la política central de pacificación, 62,1% calificó que iba por mal camino y 64,5% dijo sentirse más inseguro por su implementación, frente a solo 29,8% que se sintió más protegido.
Es el equivalente a comprar una aspiradora que promete dejar la casa impecable y descubrir que la suciedad aumentó: no importa cuánto haya ahorrado el motor en electricidad, la única métrica que se evalúa es la que se prometió resolver. Cuando las reformas tropezaron con un Congreso fragmentado, la respuesta presidencial incluyó denuncias de fraude electoral que ni la Registraduría, ni la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, ni el procurador general lograron sustentar con evidencia: el escrutinio de primera vuelta coincidió en 99,94% con el preconteo, y las reclamaciones formales no superaron el 0,7% de las mesas. Ese ruido institucional, sumado a la crisis de seguridad, terminó de erosionar al votante independiente que no buscaba un caudillo retador sino previsibilidad.
El candidato que nunca logró independizarse del relato presidencial
Hay un tercer factor que merece disección aparte: la elección del heredero. En primera vuelta, De la Espriella ya superaba a Cepeda 43,78% contra 40,98%, una brecha de apenas 2,8 puntos que el aparato del Estado nunca consiguió cerrar pese al viento social a favor. Cepeda llegó a la contienda como una extensión directa de la gestión saliente, sin lograr una identidad propia ante el electorado independiente, que no vota por gratitud hacia el pasado sino por garantías hacia el futuro. Cuando el candidato es leído como continuidad pura del gobierno que se evalúa, hereda automáticamente todo su desgaste acumulado, incluso el que no le pertenece directamente.
La lectura indispensable para cualquier proyecto de izquierda en la región
Aquí está el punto que convierte este caso colombiano en advertencia directa para cualquier gobierno progresista en América Latina, México incluido: ningún proyecto sobrevive electoralmente solo exhibiendo cifras de pobreza a la baja si el electorado decisivo está evaluando otra categoría —seguridad, gobernabilidad, desgaste institucional— y el oficialismo insiste en mostrar únicamente el dato que más le conviene. Cuatro millones de personas saliendo de la pobreza no compraron, en las urnas, lo que 73,8% de desconfianza territorial vendió gratis a la oposición.
El cierre
La conclusión es quirúrgica: si el escrutinio judicial confirma la tendencia del preconteo, la izquierda colombiana no habrá perdido por fracasar en lo social. Habrá perdido por ganar en el examen equivocado mientras el jurado real —el votante indeciso, el que decide en el margen de 247 mil votos— calificaba una materia completamente distinta. El electorado no juzga narrativas ni balances de gestión aislados: juzga inventario completo, sin descuentos por buena intención.
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