El desacato a las mentiras de Sarmiento
“Sergio Sarmiento construye una narrativa de desacato que no solo carece de fundamento legal, sino que también ignora el espíritu democrático que respalda las reformas constitucionales en México. Es momento de desmantelar las falacias y devolverle el poder al pueblo.“
El 21 de octubre, Sergio Sarmiento publicó una columna en el Reforma donde acusa a la presidenta Claudia Sheinbaum de desacato al no cumplir la orden judicial de retirar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. En su texto, Sarmiento construye una narrativa que intenta equiparar esta decisión con un golpe de Estado, pero su argumento, además de erróneo, está plagado de falacias que deben ser desmentidas.
Sarmiento centra su crítica en que Sheinbaum supuestamente intenta erigirse como “juez máximo”, desobedeciendo el mandato judicial y, por ende, violando el Estado de derecho. Sin embargo, esta afirmación ignora elementos cruciales de la dinámica política y legal en México. A lo largo de su columna, el autor pasa por alto que la reforma judicial aprobada responde a un mandato legislativo democrático, un proceso que tiene plena legitimidad y no puede ser revocado por una decisión de un solo juez. El juicio de amparo presentado en este contexto carece de sustento, no solo porque es improcedente en términos constitucionales, sino porque ignora la base de soberanía popular que respalda las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación.
La oposición ha encontrado en el juicio de amparo un recurso útil para construir una narrativa de desacato contra el gobierno de Sheinbaum. Se aferran a una interpretación jurídica que, más que defender el Estado de derecho, se utiliza para bloquear las reformas democráticas que no responden a sus intereses. Pero detrás de esta estrategia, se esconde un intento desesperado por deslegitimar un proceso democrático, un proceso que no solo ha sido impulsado por el legislativo, sino que está respaldado por la voluntad popular expresada en las urnas.
Lo que Sarmiento deja de lado es el fundamento de la reforma: la democratización de la justicia. En su columna, no se menciona el trasfondo de una judicatura que, durante años, ha estado más alineada con los intereses neoliberales y conservadores que con las necesidades de las mayorías. El juicio de amparo presentado por la oposición no es un acto legítimo de defensa de la justicia, sino una herramienta para perpetuar un sistema judicial que ha funcionado más para la élite que para el pueblo. Sheinbaum, al negarse a retirar la reforma del Diario Oficial, no está desafiando la ley; está defendiendo el mandato de una mayoría que clama por una justicia más cercana y menos elitista.
Sarmiento insiste en que el Poder Judicial tiene el derecho y el deber de supervisar cualquier acto del poder ejecutivo, incluyendo las reformas aprobadas por el Congreso. Sin embargo, esta postura es falaz en varios niveles. El Poder Judicial, aunque esencial para garantizar el equilibrio de poderes, no puede suplantar la voluntad del legislativo ni mucho menos la soberanía popular. No se trata de una cuestión de violación de leyes; se trata de entender los límites del alcance judicial en un sistema democrático. Pretender que un solo juez de distrito puede revertir la reforma es, en sí mismo, una amenaza a la estabilidad constitucional del país.
El argumento de Sarmiento refleja una profunda incomprensión de los procesos democráticos. Los jueces no están por encima del pueblo, ni representan la voluntad de la nación. Su papel es garantizar el respeto al marco jurídico, pero este marco debe estar en sintonía con las decisiones democráticas y con las necesidades de la sociedad, algo que Sarmiento parece ignorar. La columna del 21 de octubre no solo está plagada de falacias jurídicas, sino que también reproduce una visión elitista del sistema judicial, en la que la voluntad popular es subordinada a la interpretación de unos pocos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido clara sobre la improcedencia del juicio de amparo en las reformas constitucionales, un punto central que Sergio Sarmiento ignora por completo en su narrativa. Conforme a la doctrina de la Corte, las reformas constitucionales no pueden ser objeto de un juicio de amparo, ya que este recurso está destinado a proteger derechos humanos violados por actos de autoridad, pero no puede aplicarse cuando se trata de cambios en la propia Constitución. La reforma judicial impulsada por Sheinbaum es, precisamente, una reforma constitucional y, por lo tanto, no puede ser impugnada por este medio.
El espíritu de la doctrina de la SCJN radica en que las reformas constitucionales emanan directamente del poder constituyente, es decir, del pueblo soberano a través de sus representantes. Un juicio de amparo no puede utilizarse para frenar el ejercicio de esta soberanía, como erróneamente lo sugieren Sarmiento y otros detractores de la Cuarta Transformación. Este punto es fundamental para desmontar la falacia que pretende construir su narrativa, ya que plantea que cualquier acto de reforma constitucional está protegido contra la intervención de jueces que, de otro modo, podrían anular la voluntad del pueblo expresada en las reformas aprobadas.
En este contexto, la narrativa del desacato se convierte en una estrategia para atacar a Sheinbaum y frenar las reformas promovidas por la Cuarta Transformación. Sarmiento y otros actores de la oposición buscan construir una imagen de ilegitimidad en torno a la presidenta, utilizando argumentos falaces para presentarla como alguien que no respeta el Estado de derecho. Pero esta estrategia revela algo más profundo: el temor a perder el control sobre un sistema judicial que durante décadas ha servido a los intereses de las élites.
Lo que la oposición no puede admitir es que las reformas judiciales impulsadas por el gobierno actual son un paso necesario hacia la democratización del país. La presidenta no está desacatando la ley; está cumpliendo con su mandato de transformar un sistema que, hasta ahora, ha favorecido a los poderosos sobre las mayorías. En este sentido, la narrativa del desacato no es más que una cortina de humo para encubrir los verdaderos intereses detrás de quienes se oponen a la Cuarta Transformación.
La columna de Sarmiento deja entrever un miedo profundo al cambio. Al insistir en que la presidenta debe acatar una orden judicial carente de fundamento constitucional, está defendiendo un sistema judicial que no ha sabido responder a las necesidades de la ciudadanía. La democratización de la justicia no es una amenaza, como sugiere el columnista, sino una necesidad urgente para consolidar un sistema democrático en el que el pueblo sea el verdadero soberano.
Lo que Sarmiento ve como un golpe de Estado es, en realidad, un acto de justicia. El verdadero desacato sería ignorar las voces de las mayorías que han pedido una transformación de fondo en las instituciones del país. Sheinbaum, al defender la reforma judicial, está cumpliendo con su deber democrático. Y es precisamente este tipo de decisiones las que demuestran quién está realmente del lado del pueblo.
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