¿Habrá respuesta a las necesidades de la población migrante en Tlaxcala?
Albergue “La Sagrada Familia” A.C.
A poco más de un mes de haber iniciado funciones las actuales administraciones estatal y municipales, así como la legislatura local; incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos; desde nuestro trabajo por la defensa de los derechos de las personas migrantes en tránsito y refugiadas, esperamos -con cierto escepticismo- que estas instituciones ya estén llevando a cabo acciones de diagnóstico de la realidad migratoria y de planeación de las estrategias con las cuales darán respuesta a las distintas problemáticas que afectan al estado, su población y otros grupos que llegan, transitan o salen de nuestras comunidades.
Estamos a la expectativa de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. Esperamos que los trabajos preparatorios para su integración incluyan verdaderos ejercicios de consulta participativa a los distintos sectores, no solo a los de poder económico y político; y por supuesto, que no se invisibilice, obstaculice o simule la participación de la sociedad civil que desde distintos esfuerzos contribuye a hacer frente a muchas de las problemáticas que aquejan al estado. Desde ahora instamos a las autoridades y funcionarios que estarán vinculas con la atención de la población migrante a que incluyan en sus planes la atención de problemáticas como las que a continuación referimos.
Por lo que se refiere a la ley de protección y atención a migrantes y sus familias del estado de Tlaxcala, este ordenamiento establece dos condiciones fundamentales para que las instituciones locales desarrollen acciones eficaces en la materia, la primera es que la Dirección de Atención a Migrantes (DAM) coordine un diagnóstico de la situación que guardan los derechos de las personas migrantes, incluyendo aquellas en tránsito y refugiadas en Tlaxcala; la segunda es que, con base en este diagnóstico, se elabore un Programa Estatal de Migración en el que se definan políticas públicas a corto, mediano y largo plazo con las cuales garantizar la protección, respeto y difusión de los derechos humanos de esta población.
Por ello insistimos que en el próximo Plan Estatal de Desarrollo deben ser reconocidas las necesidades de nuestra población que se ve obligada a migrar, incluso las de la población que en condiciones de migración forzada cruza nuestro estado, garantizando estrategias y líneas de acción para su protección y atención en materia de salud, educación, cultura, equidad de género, inclusión económica y social. Es imprescindible que la DAM como organismo específico incluya en sus ejes de trabajo, objetivos e indicadores de la política migratoria de Tlaxcala, acciones específicas para la atención de la población migrante en tránsito y sujetas de la protección internacional. Un llamado especial hacemos al legislativo local para que promueva la aplicación de presupuestos etiquetados para la atención de la población migrante.
Otro tema prioritario es el combate y erradicación de actos discriminatorios contra personas migrantes, no únicamente hacia aquellos que cruzan nuestro estado, sino la discriminación que enfrentan quienes han decidido quedarse temporal o definitivamente o, incluso, hacia quienes retornan a nuestras comunidades voluntariamente o deportadas.
Al respecto, las comisiones de asuntos migratorios y de derechos humanos del Congreso del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la DAM, entre otras, tendrán la responsabilidad de impulsar acciones para prevenir entre la sociedad tlaxcalteca actitudes y prácticas xenofóbicas, discriminatorias e intolerantes hacia la población migrante. Tendrán la facultad de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, de promover creaciones artísticas y proyectos culturales para prevenir la xenofobia e intolerancia, de impulsar en las distintas instituciones públicas y privadas la no discriminación hacia las personas migrantes en los códigos de conducta respectivos. En definitiva, promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la valoración de la migración; y con ello, fomentar una cultura de acogida más que de rechazo.
Igualmente, conviene que los municipios con mayor flujo migratorio como Apizaco impulsen campañas de prevención de la discriminación como parte de las estrategias para prevenir delitos y violencia. Más aún, es necesario que se emprendan acciones para el fomento de la integración social y cultural entre los habitantes del Estado y los migrantes y refugiados que deciden quedarse en nuestra entidad.
Un aspecto más de la realidad migratoria que requiere la atención de las instituciones públicas es el mejoramiento de la seguridad y el acceso a la justicia, particularmente para quienes al migrar sufren delitos. El legislativo tiene la posibilidad de mejorar y fortalecer la seguridad y el acceso a la justicia dando seguimiento interinstitucional a las acciones de la Procuraduría de Justicia del Estado de Tlaxcala para conocer las acciones que esta institución ha emprendido para investigar, castigar, reparar el daño y procurar la no repetición de casos en los que las personas migrantes han sido agredidas en su tránsito por Tlaxcala. Así mismo, podrá impulsar la creación de una fiscalía especial que atienda a la población migrante.
También podrá reformar la “Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala” para que se considere a las personas en contextos de movilidad como un grupo en situación de vulnerabilidad y explícitamente se reconozcan y garanticen los derechos de las personas migrantes en tránsito que hayan sido víctimas de delitos en nuestra entidad, sin importar su condición migratoria.
En materia de seguridad, la Comisión Estatal de Derechos Humanos deberá impulsar con los ayuntamientos con mayor flujo migratorio, sobre todo el municipio de Apizaco, un programa permanente de capacitación y de monitoreo del actuar de los agentes de la policía municipal para combatir prácticas de abuso de autoridad, extorsión y detenciones arbitrarias contra personas migrantes en Tlaxcala.
Finalmente, en materia de ayuda humanitaria y protección de población migrante de origen, tránsito y retorno, los ayuntamientos podrán impulsar la creación de centros o enlaces municipales especializados en el tema migratorio, y que estos órganos incluyan en sus acciones la atención a las necesidades de las personas migrantes en tránsito y refugiadas. Más aún la DAM tiene la posibilidad de promover en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su homóloga nacional, la creación e instalación de grupos de protección a migrantes que se encuentren en territorio estatal, incluyendo a la población migrante en tránsito y refugiada.
Deseamos que la austeridad pregonada en la actualidad no sea la perfecta justificación para mantener y profundizar la indolente acción gubernamental para proteger y respetar los derechos de las personas migrantes de origen, tránsito y retorno, pero el tiempo nos dará la respuesta.
El albergue “La Sagrada Familia” forma parte de las organizaciones integrantes del Colectivo Migración sin Fronteras.
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