La crisis que México no pudo pagar: por qué en los años 80 se abrió la puerta al mercado
Por Melchisedech D. Angulo
El derrumbe de los precios del petróleo y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos empujaron a México, en 1982, a declarar la moratoria de su deuda externa. Esa quiebra fiscal, más allá de un tropiezo contable: implicó el parteaguas que dejó sin sustento al Estado benefactor construido tras la Revolución Mexicana y que, durante décadas, había subsidiado precios, sostenido empresas públicas y garantizado un pacto social entre el gobierno y las organizaciones obreras y campesinas. Cuando ese modelo dejó de ser financieramente sostenible, el gobierno mexicano se vio obligado a replantear desde sus cimientos la relación entre el Estado y la economía.
Fue el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988) quien encabezó el giro. Ante una crisis que ya no admitía más gasto público ni más deuda, su administración optó por una estrategia de corte neoliberal: el Estado dejaría de ser el gran proveedor de bienestar para convertirse en garante de las reglas que permiten operar al mercado. La reforma al artículo 25 constitucional resumió el cambio con una fórmula que se repitió como consigna: un Estado más fuerte, aunque no necesariamente más grande. El resultado fue contundente en números: el sector paraestatal pasó de 1,155 entidades en 1982 a solo 412 en 1988, en uno de los procesos de adelgazamiento gubernamental más acelerados de la historia reciente del país.
El proceso se profundizó con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), quien llevó la apertura económica a su máxima expresión con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde el 1 de enero de 1994, y con la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, que puso fin al reparto agrario surgido de la Revolución. Ambas decisiones sellaron el tránsito de un modelo cerrado y proteccionista hacia una economía integrada a los flujos globales de comercio e inversión.
Detrás de las cifras macroeconómicas hubo también una transformación silenciosa en la vida cotidiana de los mexicanos. El ciudadano que antes era titular de derechos sociales —salud, vivienda, educación, seguridad social garantizados por el Estado— pasó a ser visto como responsable de su propia empleabilidad y de su propio bienestar. La llamada "nueva cultura laboral" flexibilizó las relaciones entre empresas y trabajadores, y debilitó la capacidad de negociación sindical que había sido pilar del viejo pacto corporativo.
Este giro no fue conducido por los políticos tradicionales, sino por una nueva generación de funcionarios con formación técnica, muchos de ellos educados en universidades del extranjero. Esta tecnocracia impulsó el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y, más tarde, el proyecto de Modernización del Estado, presentando la disciplina fiscal y la reducción del aparato público como una necesidad técnica ineludible antes que como una decisión política sujeta a debate. El investigador Fernando Munguía Galeana señala que esta instrumentación fue la condición que permitió “sostener” el proyecto neoliberal mexicano en las décadas siguientes.
Más de cuarenta años después de la crisis de la deuda, sus efectos siguen presentes en el diálogo público mexicano: la precarización laboral, la desigualdad en la distribución de la riqueza y el debate sobre el papel que debe jugar el Estado frente al mercado continúan vigentes. Lo ocurrido en los años ochenta no pasa como mero ajuste técnico, sino una decisión de fondo sobre qué tipo de país quería construirse.
@_Melchisedech
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