La ONU y el grito que México ya no puede postergar
México enfrenta hoy uno de los desafíos más dolorosos de su historia contemporánea: la crisis de personas desaparecidas
El reciente pronunciamiento del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no debe entenderse como una agresión política ni como una intromisión externa, sino como un llamado urgente de la comunidad internacional para atender una tragedia humanitaria que por años ha lastimado a miles de familias mexicanas
Los datos duros son contundentes: el registro nacional se acerca ya a 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, cifra que por sí sola retrata la dimensión estructural del problema. A ello se suma un rezago forense estimado en más de 72 mil cuerpos sin identificar, así como niveles de impunidad que especialistas y organismos internacionales ubican por encima del 99% de los casos
Más aún, México es hoy el país con más acciones urgentes acumuladas ante el Comité de la ONU, lo que confirma que la preocupación internacional no surge de una narrativa aislada, sino de una tendencia persistente y verificable
Frente a este escenario, la reacción del gobierno federal no debería centrarse en descalificar el informe con argumentos políticos, sino en asumir la dimensión institucional del problema. El artículo 34 de la Convención no es una condena anticipada; es un mecanismo extraordinario que busca movilizar apoyo internacional para que el Estado fortalezca la prevención, la búsqueda, la investigación y la sanción
Negar la gravedad del momento podría profundizar el desgaste nacional e internacional. El verdadero liderazgo de Estado exige reconocer que, aunque muchas desapariciones están vinculadas con la delincuencia organizada, la responsabilidad pública subsiste cuando existen omisiones, fallas de coordinación, ausencia de investigación efectiva o aquiescencia de autoridades locales. Esa es precisamente la preocupación de la ONU
Desde la visión institucional de POR QUERÉTARO TODO, la ruta correcta no es la confrontación diplomática, sino la cooperación responsable con los organismos internacionales y con los colectivos de búsqueda, quienes han cargado durante años una tarea que corresponde al Estado mexicano
Hoy el gobierno federal tiene una oportunidad histórica: convertir la observación de la ONU en una agenda nacional de reconstrucción institucional. Ello implica depurar registros, profesionalizar fiscalías, fortalecer comisiones de búsqueda, invertir en servicios periciales, homologar bases de datos y garantizar acompañamiento real a las familias
La historia juzgará con severidad no a quien recibió una advertencia internacional, sino a quien decidió ignorarla. México no necesita soberbia frente a la ONU; necesita resultados, verdad y justicia
Detrás de cada cifra no hay estadística: hay una ausencia, una familia rota y un país que exige respuestas
Gustavo Buenrostro
Pdte de Por Querétaro Todo, AC
Comentarios