México 2025: la mejora más significativa de la paz en trece años, entre avances, fragilidades estructurales y un alto costo social
El más reciente informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP) revela un histórico punto de inflexión en la seguridad de nuestro país, al registrar en 2025 la mayor mejora en los niveles de pacificación nacional desde que inició la medición de este indicador hace trece años. De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM) 2026, la paz en el territorio nacional experimentó un avance del 5.1 % en comparación con el periodo anterior, consolidando de manera contundente el sexto año consecutivo de tendencias positivas. Este notable progreso demuestra la eficacia de los esfuerzos coordinados y marca el inicio de una transición favorable hacia la tranquilidad que las familias mexicanas demandan tras una década sumamente compleja en materia de seguridad.
El motor fundamental de este avance sin precedentes fue la drástica reducción del 22.7 % en la tasa nacional de homicidios dolosos entre 2024 y 2025, un logro histórico que se tradujo en aproximadamente 7,000 vidas salvadas en apenas doce meses. Las cifras oficiales preliminares procesadas por el IEP confirman que el país cerró el año con 20,674 homicidios, un descenso sumamente significativo frente a los 26,715 reportados el año previo. Aunque la geografía de este avance muestra un comportamiento heterogéneo, donde veintidós estados lograron mejorar sus índices internos y diez registraron retrocesos, el balance general de la República se inclina de forma definitiva hacia una disminución de la violencia letal.
Especialistas e instituciones independientes atribuyen estos extraordinarios resultados a la correcta implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, diseñada bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este modelo rompe de tajo con los operativos militares indiscriminados del pasado y se sostiene sobre cuatro ejes rectores: la atención prioritaria a las causas sociales para alejar a la juventud de la delincuencia, el fortalecimiento de la inteligencia a través del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, la consolidación de la investigación de las finanzas criminales mediante la Unidad de Inteligencia Financiera y una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno. Expertos del sector judicial califican este enfoque focalizado y preventivo como la estrategia más adecuada e integral aplicada en la historia reciente del país.
A la par de estos indiscutibles avances en la pacificación, el reporte del IEP pone de manifiesto que el costo económico de la violencia e inseguridad aún se mantiene en niveles sumamente elevados, alcanzando los cuatro billones de pesos durante 2025, lo que equivale al 11 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El impacto per cápita se estimó en 30,036 pesos por persona, destacando además un cambio importante en la composición de este gasto, donde por primera vez los delitos con violencia cotidianos superaron a los costos directos de los homicidios. Esta transición en las pérdidas financieras evidencia que, si bien la violencia extrema está siendo contenida con éxito, la contención del delito común sigue requiriendo de una atención institucional prioritaria.
El análisis del organismo internacional también advierte sobre las fragilidades estructurales y los desafíos remanentes que amenazan la sostenibilidad de estos logros, principalmente debido a la mutación del ecosistema criminal. La desarticulación de las grandes cúpulas delictivas fragmenta el panorama en más de 150 organizaciones de mediano y gran tamaño, provocando disputas internas muy localizadas en estados como Sinaloa —donde los homicidios repuntaron temporalmente en un 170 %— y forzando a estas células a diversificarse hacia otros ilícitos como la extorsión y la violencia familiar. Asimismo, el informe señala la persistencia de una percepción de inseguridad del 75.6 % y un déficit histórico en el sistema de justicia y de reinserción penitenciaria que urge solventar.
@_Melchisedech
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