Pruebas, Pruebas: El dilema de Rocha Moya
La presidenta Claudia Sheinbaum ha fijado una postura clara frente al caso Rubén Rocha Moya: pruebas, pruebas
No basta una acusación política, presión mediática o exigencia diplomática. México, ha dicho, no puede entregar a un ciudadano, menos aún a un gobernador con licencia, si Estados Unidos no presenta evidencia suficiente sobre vínculos con el crimen organizado
Rubén Rocha Moya es el gobernador con licencia de Sinaloa, una entidad clave en el narcotráfico en México. Por eso, su caso es relevante incluso para quienes no siguen la política mexicana
El problema para Rocha Moya es que esta exigencia puede volverse en su contra. Si las pruebas no provienen solo de documentos, sino de testimonios de colaboradores cercanos, el escenario cambia
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; y Marco Antonio Almanza Avilés, exfuncionario en áreas de investigación, ya están bajo jurisdicción estadounidense y si deciden colaborar, negociar beneficios y aportar información sobre operaciones, protección institucional, flujos financieros o encubrimientos, la frase “pruebas, pruebas” dejaría de ser defensa política y se convertiría en una vía jurídica inevitable
México debe cuidar su soberanía, pero no confundirla con protección política
El mejor escenario no es permitir una intervención extranjera ni blindar a un personaje señalado, lo más conveniente es actuar con anticipación: investigar con seriedad, judicializar si hay elementos, separar a Rocha de cualquier cargo y, en su caso, procesar o extraditar conforme a derecho
La peor opción es esperar a que Washington acumule pruebas y presión internacional hasta dejar a México sin margen y la mejor es demostrar que el Estado puede investigar, castigar y cooperar sin someterse
Si aparecen pruebas, México no debe actuar por miedo, sino por justicia
Gustavo Buenrostro
Pdte de Por Querétaro Todo, AC
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