• Opinión

• alexgomezmx
• 22 abril 2026

La anulación de la asamblea del 29 de diciembre de 2025 de la localidad de San Miguel del Milagro, municipio de Nativitas, Tlaxcala, no fue un capricho del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), fue la consecuencia inevitable de un proceso que fue violentado por Alfonso Benítez Sartillo y de eso ya tiene cabal conocimiento la autoridad y en un esquema de usos y costumbres, cuando se violenta el debido proceso, lo que se avecina es un pleito con gente armada con armas de fuego y dinero.

En San Miguel del Milagro ya no está discutiendo una candidatura o una elección, se está intentando tomar el poder debido a las grandes sumas de dinero que se recaudan en las fiestas patronales del pueblo cada año.

Hoy en entrevista, Ángel Vega Rugerio, me explicó en qué circunstancias se encuentran en su localidad, él fue el candidato ganador de la contienda de diciembre y, aunque no lo dijo, sé que el libro de actas fue secuestrado por Alfonso Benítez Sartillo, presidente auxiliar saliente de San Miguel del Milagro a quien el TET le ordenó convocar a nuevas elecciones en un lapso de tiempo no mayor a 7 días.

La fecha del dictamen del TET fue el pasado 17 de abril de 2026 y hoy estamos a menos de 48 horas que se venza el plazo sin que haya convocatoria pública emitida.

Está intentando recomponer algo que decidió romper cuando las reglas dejaron de convenirle, eso explica por qué la comunidad no está en calma sino en esa pausa tensa que todos reconocen, la del momento donde lo que venga puede acomodar las cosas o terminar de descomponerlas.

Porque es bien sabido que ya hay amenazas de plata o plomo para quien no congenie con el presidente auxiliar saliente y eso debería tener en alerta roja a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El plazo de siete días naturales para emitir la convocatoria no es un trámite, es, en este contexto, una prueba de fuego, porque convocar no es fijar una fecha en un papel ni es voluntario, es un ordenamiento en el que se debe garantizar que todos se enteren, que nadie quede fuera y que no haya margen para sospechas sobre quién está moviendo los hilos antes de que la asamblea empiece.

Si el perifoneo no llega a todos los rincones, si los avisos se manejan con discrecionalidad, si hay cualquier opacidad en la difusión, la percepción de manipulación aparece de inmediato y  en una comunidad donde ya hubo una elección anulada, la tolerancia a los errores es prácticamente nula, porque si no hay legalidad y certeza, eso va a ser el detonante de un episodio de sangre en una comunidad que recibe a miles de peregrinos en agosto.

Eso no es una advertencia política, es una advertencia de estabilidad social: cuando la gente empieza a sentir que el proceso vuelve a estar cargado, la participación se contamina —no porque no quieran votar, sino porque ya no confían en que valga la pena hacerlo— y cuando la participación mengua por desconfianza o por miedo, el resultado pierde legitimidad desde su origen. Ahí el conflicto no solo continúa, escala hacia la violencia derivada de la inconformidad.

Por eso la seguridad no puede ser un añadido de último momento ni una presencia meramente simbólica. Las presiones, las intimidaciones, la posibilidad de represalias no son escenarios hipotéticos cuando ya hay antecedentes de conflicto.

Son riesgos reales que deben atenderse antes, no después. En este caso, la seguridad no es un asunto operativo, es un elemento directamente vinculado a la legitimidad del proceso. Nadie puede invocar voluntad popular cuando esa voluntad se ejerce bajo tensión.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) lleva demasiado tiempo en esa cómoda distancia burócrata de quien observa sin involucrarse, en una actitud indolente hasta que estallen los conflictos y después se laven las manos debido a su mediocre incapacidad.

 Lo mismo aplica para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su responsabilidad no es reaccionar si algo pasa, es prevenir que pase; debe generar condiciones visibles de orden, dejar claro que nadie puede operar al margen de la Ley sin consecuencias.

En comunidades como San Miguel del Milagro, la presencia institucional bien planteada no inhibe la participación —al contrario, la fortalece, porque envía un mensaje de que el proceso será observado ampliamente y que no hay espacio para abusos.

Lo que está en juego no es quién ocupará la presidencia de comunidad. Es si San Miguel del Milagro puede recuperar el control de su propio proceso o si quedará atrapada en una dinámica donde todo apunta a que correrá sangre.

Todavía hay margen para corregir el rumbo, pero ese margen no es infinito ni se renueva solo: depende de que la convocatoria se haga bien, de que el proceso sea transparente y de que las autoridades asuman su responsabilidad sin evasivas ni pretextos, sea dicho siempre, Sin Reservas.

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Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dueña de los portales de noticias Monitor Xpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México (UDS Global University campus Nuevo León y Colegio de Periodistas de Tamaulipas). Reconocido especialista en comunicación estratégica, marketing político y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública. Certificado como Director de Comunicaciones StratCom 2026 campus Miami, Flo.