• Opinión

• alexgomezmx
• 25 abril 2023

El día 10 de abril de 2022, en un taller de hojalatería de la colonia El Sabinal de la capital tlaxcalteca, fue escenario en el que la explosión de una unidad del trasporte colectivo Urbanos y Sub Urbanos (USU) mató a 3 personas: El dueño del taller, su progenitora y el chofer de la unidad.

En dicho evento, también resultaron dañados 9 vehículos, algunos con pérdida total, ya que quedaron fueron incinerados por la explosión, así como la vivienda del fallecido dueño del taller.

Al respecto, la Porcuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a cargo de Ernestina Carro Roldán, abrió la carpeta de investigación CIAITLAX/TI/761/2022, misma que a la fecha carece “casualmente” del peritaje principal (explosivos); esto es, que aún no se señalan como responsables a los permisionarios del transporte colectivo, es decir, USU, después de que ya han transcurrido 12 meses del fatal hecho.

Es de señalar, que la unidad de transporte colectivo estaba equipada con un tanque de gas LP para su operación, sin embargo, al suscitarse dicha explosión que ocasionó la muerte de 3 personas, se hace evidente que carecía de los protocolos mínimos de seguridad en su instalación.

Las personas afectadas, han acudido en incontables ocasiones a la PGJE y no han obtenido ningún tipo de avance; curiosamente, la carpeta ha cambiado de mesa unas 5 veces, los agentes del ministerio público encargados han salido de vacaciones, o están de incapacidad y por último la mesa encargada del trámite actualmente lleva 2 meses sin titular, por lo que la investigación se encuentra en el abandono.

Al tratarse de un hecho en el que hubo una explosión, la Ley establece que se debe dar parte al a Fiscalía General de la República (FGR), sin que a la fecha haya habido respuesta, de hecho, la escena del trágico hecho no tiene resguardo por autoridad encargada de la procuración de justicia.

Pero qué tal el anuncio la semana pasada de Ernestina Carro al detener al peligroso facilitador de la huida de un policía estatal que se desempeñaba como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Comisario Israel Daniel Rodríguez Montalbán.

El hecho ha causado indignación en la clase política de la entidad al tratarse evidentemente de una acción antropofóbica (políticamente hablando), y es una amenaza abierta a todo aquel alcalde que quiera “brillar” más que la familia real de Tlaxcala, apersonada por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y sus hijas.

El operativo que implementó la procuradora, además de ventajoso e innecesario, pone en evidencia nuevamente, que la justicia se aplica de acuerdo a estándares políticos dictados desde palacio de gobierno justificados por una sola cosa: La envidia.

Y es que es tanto el odio que sale de palacio de gobierno de Tlaxcala, que es más fácil dañar políticamente a sus compañeros de partido, como lo es el caso del alcalde capitalino, Jorge Corichi, que trabajar coordinadamente en beneficio de los tlaxcaltecas.

Hay evidencia oficial que el gobierno de Lorena cobra 5 veces más el metro cuadrado de adoquín de obra pública que en una presidencia municipal.

En el caso de la capital, se le ataca al alcalde Jorge Corichi de reunirse con el canciller Marcelo Ebrard y participar en los viajes a EEUU para promocionar la capital y buscar financiamiento para la industria sin chemeneas para generar empleo y derrama económica.

A Lorena se le olvida que su encargo es sólo por 6 años, que los tlaxcaltecas no olvidamos y que el manejo faccioso de los recursos y la justicia se le revertirán tarde o temprano.

Otro ejemplo de cómo se administra la justicia en Tlaxcala, es la detención de 7 individuos por la FGR en el municipio de Yauhquemehcan, donde la alcaldesa, María Anita Chamorro Badillo, también morenista, no es más que un títere de quien se dice asistente personal de la misma, Abel Hernández Aguilar, cónyuge de la priista Maricela Cuapio, quien ocupó cargos cercanos a los ex gobernadores Héctor Ortíz y Mariano González Zarur.

Pues bien, como les decía, todo parecía espectacular con la detención de los 7 de Yauhquemehcan en un operativo a cargo de la FGR en un rancho que era también un restaurante, donde los agentes federales encontraron chalecos tácticos, armas largas, cartuchos útiles y demás enseres vinculados a una presunta organización criminal.

Detuvieron al interior sólo a 2 personas, un jovencito y su abuelo, que eran los encargados de cuidar y dar mantenimiento a las áreas verdes y a otras 5 alrededor de la propiedad, que, según ha trascendido en medios de nota roja, se trataría de jóvenes que se encontraban jugando en una cancha de basquetbol ubicada en las inmediaciones del rancho en cuestión y que serían detenidos para justificar el operativo tan ostentoso que se había montado.

Aquí cabe subrayar, que al interior del rancho, además del abuelo y su nieto, no detuvieron a nadie más, extraordinariamente, al menos un par de horas antes, los alrededor de 20 ocupantes y vechículos que allí se encontraban permanentemente, se fueron intempestivamente.

Las sospechas recaen, efectivamente, en la PGJE, dado que fue la única corporación policiaca que tuvo conocimiento del operativo por filtraciones de los propios agentes de la FGR-Tlaxcala, lo que permitió la evasión de la acción de la justicia de los verdaderos sujetos de interés de las agencias federales.

Recordemos otro hecho por demás vergonzoso, fue el propio secretario de gobierno, Sergio González Hernández, quien dio el pitazo al menos unas 72 horas antes a Alfredo Álvarez Valenzuela, antes de que agentes de la FGR lo arrestaran por delincuencia organizada y desaparición forzada de personas.

Hasta la fecha, Álvarez Valenzuela sigue prófugo de la justicia.

Hoy, a 3 meses de haber sido nombrado como Secretario de Seguridad Ciudadana (SCC) del gobierno de Tlaxcala por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, Ramón Celaya Gamboa, quien presume una hoja de vida amplísima, es investigado por la FGR, derivado de la carpeta de investigación C.I.-FED/SEIDO/UEIDS/CDMX/******/20**.

Y aunque ha salido a decir que sus predecesores son unos cobardes para enfrentar a la delincuencia en la entidad, es Celaya Gamboa el mismo que niega la investigación en su contra —A pesar de que el oficio de investigación obra en poder de varios periodistas locales y del cual, Grupo Monitor tuvo acceso— lo cierto es que es investigado por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud (al menos).

En este caso, nuevamente, la procuración de justicia es llevada desde palacio de gobierno de manera irracional al dejar que Ramón Celaya Gamboa, siga al frente de la corporación policiaca, pese a la investigación a la que está sujeto por las autoridades federales, además de las denuncias de acoso sexual  en la corporación en apenas 90 días de desempeñar su función y del abuso laboral y acoso a los elementos de esa misma dependencia que mantiene al menos el 80% de sus elementos sin su evaluación de Control de Confianza positivos.

La autoridad federal se ha percatado ya, que no sólo en Yauhquemehcan hay presencia de casas de seguridad de criminales, sino también en Apizaco, Calpulalpan y en el corredor Huamantla-Tequexquitla-Oriental.

Asimismo, la presencia de migrantes procedentes de Colombia en el municipio de Zacatelco, que operan bajo la protección del alcalde, Hildeberto Pérez Álvarez, caso contrario al sentimiento de inseguridad en la capital de Tlaxcala que ha disminuido de manera sostenida desde los últimos 3 trimestres, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI.

 

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