Tlaxcala: Leyes de sobra, orden de menos
Tlaxcala tiene un aparato jurídico que, al menos en los catálogos consultados, registra 93 ordenamientos estatales y 302 federales en el Orden Jurídico Nacional, mientras que el índice de la Cámara de Diputados contabiliza 313 leyes federales.
A ello se suman cuatro códigos estatales y las constituciones federal y local, sin embargo, entre tantos números y disposiciones, hay un pendiente que exhibe las contradicciones de la administración pública estatal, sigue sin expedirse el Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de Tlaxcala.
La omisión no es un asunto menor ni un simple trámite burocrático, cuando una ley carece de la reglamentación necesaria para precisar procedimientos, responsabilidades y mecanismos de aplicación, se abren espacios para la discrecionalidad, la confusión y la falta de vigilancia.
En el ejercicio profesional, esos vacíos pueden traducirse en incertidumbre para quienes cumplen con sus obligaciones y en dificultades para exigir responsabilidades a quienes no lo hacen.
Tlaxcala cuenta con decenas de ordenamientos estatales y cientos de disposiciones federales, pero eso no garantiza que las reglas se apliquen eficazmente, como tampoco han sidas escuchadas las exigencias de diversos grupos y organizaciones de profesionistas que han pedido y reiterado la exigencia al gobierno de Tlaxcala a expedir tal Reglamento.
La anarquía en distintas áreas del quehacer profesional no necesariamente nace de la ausencia de leyes, sino también de la falta de instrumentos para hacerlas cumplir, de la omisión de las autoridades y de una vigilancia que no siempre responde a las necesidades de la sociedad.
Todo trámite está detenido, según me ha confiado una fuente de información cercana a la propia gobernadora, que está entre la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobierno, de donde hace más de un año, la revisión de tal documento duerme el sueño de los justos mientras la anarquía de las profesiones sigue de manera cotidiana en lo local.
¿Legislar lo que ya está legislado?
La diputada priista Sandra Aguilar propone tipificar en Tlaxcala el delito de explotación del trabajo infantil, mediante la incorporación de los artículos 357 Bis y 357 Ter al Código Penal estatal, con penas de dos a cinco años de prisión (La iniciativa plantea adicionar los artículos 357 Bis y 357 Ter: el primero tipifica la conducta y el segundo delimita actividades que no constituirían delito bajo determinadas condiciones).
La iniciativa merece una revisión seria, porque antes de anunciar nuevas figuras delictivas conviene explicar qué vacío legal se pretende llenar y por qué las disposiciones vigentes no serían suficientes.
Una abogada que sigue nuestras publicaciones lo subrayó atinadamente y su comentario vale la pena reproducir: “La explotación por trabajo infantil está contemplada y tipificada a nivel nacional en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y, si le es poco, también la explotación laboral y el trabajo infantil están plenamente contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”. Remató con una pregunta que no necesita traducción: “¿Son tontos o nada más no quieren parecerlo?”.
La expresión es dura, pero el cuestionamiento jurídico es legítimo de acuerdo al enfoque del señalamiento que hace.
El artículo 21 de la Ley General en materia de Trata de Personas ya sanciona la explotación laboral cuando se acreditan los elementos del delito; el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece obligaciones para prevenir y combatir la explotación y el trabajo infantil prohibido.
A ello se suman los artículos 22 Bis y 23 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen restricciones específicas para el empleo de menores de edad.
En Tlaxcala también existen disposiciones penales relacionadas con la protección de menores frente a determinadas formas de explotación y abuso.
Por eso, el debate no puede reducirse a presentar una iniciativa como si antes de ella no hubiera instrumentos jurídicos para enfrentar el problema.
Hay normas federales y estatales que deben analizarse en conjunto, tanto por sus alcances como por sus límites.
Eso no significa que cualquier nueva tipificación sea automáticamente innecesaria. Una reforma local podría tener sentido si identifica conductas que no están adecuadamente cubiertas, corrige vacíos concretos o facilita la persecución de determinadas prácticas.
Pero para demostrarlo, la diputada debe explicar qué laguna jurídica encontró, qué casos quedarían impunes con la legislación actual y cómo evitará duplicidades o conflictos de competencia con las normas federales.
Ahí está la responsabilidad de una representante popular, fundamentar, comparar y justificar, no solamente anunciar.
Porque una iniciativa puede sonar contundente en un comunicado y, sin embargo, resultar redundante cuando se confronta con el marco jurídico vigente.
La niñez necesita protección efectiva, mecanismos de inspección y autoridades capaces de actuar, no una carrera de protagonismos legislativos.
Nomás por Joder 1: de poco sirve presumir 93 ordenamientos estatales y más de 300 leyes federales si una norma tan importante como la Ley de Profesiones sigue esperando su reglamento.
La colección de leyes puede crecer cuanto quiera, pero mientras la autoridad deje pendientes fundamentales, el Estado de derecho seguirá siendo más discurso que realidad.
Nomás por Joder 2: antes de vender como novedad lo que podría estar contemplado en la ley, sería saludable que nuestros diputados explicaran qué problema concreto van a resolver.
En materia de infancia, el mérito no consiste en acumular artículos, sino en impedir que los menores sean explotados. Y si la propuesta realmente mejora la legislación, que se demuestre con argumentos jurídicos, no con propaganda.
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