• Opinión

• alexgomezmx
• 02 octubre 2025

Por Alejandro Aguilar Gómez*

La comunicación pública ya no puede seguir siendo el cajón de sastre de la administración: Un lugar donde entran amigos de campaña, aparatos de propaganda y mensajes improvisados.

En un contexto en el que la información condiciona decisiones de salud, educación, seguridad y vida cotidiana, resulta imprescindible que Tlaxcala avance con paso decidido en tres reformas convergentes y complementarias:

Una Ley estatal de Comunicación Social, la inclusión de la comunicación social y el periodismo en el Reglamento (inexpedido) de la Ley de Profesiones (con título y cédula como requisito mínimo obligatorio) y, la modificación de la Ley Municipal para que los ayuntamientos creen direcciones de comunicación con titulares profesionalizados.

Cada una de estas iniciativas, correctamente diseñada, fortalece la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad democrática; mal diseñada, puede devenir en control y censura.

Por eso la propuesta debe combinar exigencia profesional con salvaguardas concretas de libertad de expresión, pero, ¿Por qué una Ley de Comunicación Social estatal?

La comunicación oficial no es un lujo administrativo: Es una política pública que define cómo se informa y se rinde cuentas. Se traduce en transparencia y certeza.

A nivel federal existe ya un marco normativo orientado a regular el gasto y la calidad de la comunicación oficial; ese marco —y las experiencias de otras entidades como San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Edomex, además de la Ley de Comunicación Social federal— ofrece lecciones útiles para construir una Ley estatal que ponga límites a la opacidad y proporcione reglas claras para el uso de recursos públicos en materia de difusión.

¿De qué debe ocuparse esa ley? Pues al menos de tres asuntos centrales:

• Transparencia del gasto. Todo contrato, convenio o pago por publicidad o servicios de comunicación debe publicarse en tiempo real en un repositorio público y vinculante.
• Criterios editoriales mínimos. Los mensajes pagados por el erario deben estar claramente identificados como publicidad oficial; la información de interés público (avisos de salud, seguridad, trámites) debe priorizarse y no diluirse entre propaganda política.
• Mecanismos de control y sanción. Un órgano independiente —con participación ciudadana y técnica— que revise irregularidades, audite campañas y aplique sanciones administrativas cuando corresponda.

Ejemplos recientes en otras entidades muestran que hay iniciativas estatales que buscan normar la materia; esos ejercicios legislativos deben ser observados para no reproducir vicios ni dejar vacíos.

Publicación del Reglamento de la Ley de Profesiones para el Estado de Tlaxcala.

La profesionalización no es elitismo; es garantía de calidad.

En Tlaxcala, la Ley de Profesiones publicada el 5 de marzo de 1986 ya establece procedimientos para delimitar campos de acción y regular el registro de títulos profesionales —es decir, la estructura legal existe para incorporar nuevas disciplinas—, lo que hace factible la inclusión de la comunicación social y el periodismo en ese marco.

Romantizar la ignorancia para minimizar el ejercicio profesional del periodismo y la comunicación institucional a un mero oficio, equivale a denigrar el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Dicho de otra forma, así como todos tenemos derecho a un profesional de la salud, de la defensa jurídica e incluso, para la construcción de edificaciones, entonces por qué no exigir que quienes dan las noticias y las generan tengan el perfil profesional y una cédula que los reconozca como profesionistas en sus respectivas especialidades como a los otros.

Pero aquí hay que subrayar, que, si bien la acción de uno u otro es distinta, el que más alcance tiene y puede afectar a una sociedad completa es el periodista y el comunicador social.

Así que desde un enfoque profesional y sobre todo de responsabilidad ética y moral, urge profesionalizar a quienes aún no lo hacen, sobre todo porque el ciudadano tiene derecho a saber, pero también a ser informado con veracidad, objetividad y oportunidad.

¿Qué implica esto en la práctica? Propongo tres ejes:

Título y cédula para comunicadores institucionales y periodistas en activo: Quienes ejerzan la comunicación oficial (titulares de direcciones, jefaturas de prensa, encargados de contenidos institucionales) deben acreditar formación profesional en comunicación, periodismo o áreas afines y contar con cédula profesional vigente.

Esto eleva el estándar técnico y reduce la discrecionalidad política en la gestión de la información institucional.

Registro profesional y formación continua: Crear un padrón público y accesible de comunicadores institucionales con requisitos mínimos y con programas de actualización obligatoria (Ética, transparencia, perspectiva de género y protección de datos).

Régimen transitorio y mecanismos de reconocimiento: Para evitar el desempleo o la exclusión inmediata, implementar periodos de transición que vayan a un máximo de 4 años, cursos puente y mecanismos de reconocimiento de experiencia profesional, siempre con un horizonte claro de profesionalización.

Al mismo tiempo, la inclusión en el régimen profesional debe respetar la pluralidad y la libertad de prensa: No puede convertirse en un requisito para ejercer el periodismo independiente, pero sí en un condicionamiento para el acceso a recursos públicos como vía de financiamiento y/o contratación de espacios de publicidad de gobierno en cualquiera de sus poderes y niveles.

Reformar la Ley Municipal: Direcciones obligatorias y perfiles profesionales

Los municipios son la primera ventana del ciudadano hacia el gobierno.

Sin direcciones de comunicación profesionalizadas, la atención a la ciudadanía se reduce a boletines repetitivos o a la ausencia total de información urgente y a la generación de propaganda en lugar de información.

La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala ya contiene la estructura básica para la organización de los ayuntamientos; se necesita modificarla para obligar a la creación de una Dirección de Comunicación Social en cada municipio. Es una reforma técnica y viable.

La reforma debería establecer:

Existencia obligatoria de una dirección o unidad de comunicación con funciones mínimas (portavoz, atención ciudadana, archivo de comunicados, estrategias de prevención y difusión para emergencias).

Perfil del titular: título y cédula profesional en comunicación o periodismo, experiencia demostrable y un proceso selectivo público y competitivo para su designación.

Plazas mínimas y presupuesto: personal suficiente para cubrir atención, producción, documentación y vinculación con medios; asignación presupuestaria acorde y sometida a auditoría.

Estas medidas no solo profesionalizan; blindan la comunicación municipal institucional frente a caprichos y permiten que la primera respuesta institucional a una crisis llegue con oportunidad y precisión. Equilibrio en la información como decimos los de la generación X.

Salvaguardas: Cómo evitar que las leyes se vuelvan instrumentos de control

Cualquier reforma que tocare la comunicación pública y la condición profesional corre el riesgo de ser usada como barrera contra voces incómodas. Para evitarlo, toda iniciativa debe incluir cláusulas de protección:

Definición limitativa del ámbito: la exigencia de título y cédula solo para comunicadores institucionales que manejan recursos públicos; el periodismo independiente no puede someterse a control de títulos, salvo que aspire al financiamiento y contratación de espacios publicitarios.

Garantías constitucionales expresas: Incorporar expresamente en la ley el respeto a la libertad de expresión y prohibir sanciones que constituyan censura previa.

Mecanismo de impugnación y revisión judicial: permitir que actos administrativos relativos a sanciones o censuras puedan ser revisados rápidamente por tribunales, las fiscalías y las oficinas responsables de la protección a periodistas.

Participación ciudadana en los órganos de vigilancia: Comités con representantes de la academia, sociedad civil y periodistas profesionales, además de los propios representantes de los poderes de gobierno.

Profesionalizar la comunicación pública no es un fin técnico: Tiene efectos reales sobre la calidad de vida ciudadana.

Entre los beneficios tangibles están: Mayor oportunidad en comunicados de emergencia, mensajes de salud pública más efectivos, reducción de fraudes informativos y mejor aprovechamiento de presupuestos publicitarios.

Para medir el impacto propongo indicadores: Tiempo medio de respuesta ante emergencias, porcentaje del gasto en comunicación publicado en el repositorio, índices de percepción ciudadana sobre veracidad institucional y cumplimiento de programas de capacitación.

Aunque algunos podrán decir que esto es control burocrático, realmente no lo es. Cuando se exige formación técnica para la dirección de áreas sensibles (salud, seguridad) lo hacemos sin dudar; la comunicación institucional también debe cumplir estándares profesionales.

Y no, no limitará la libertad de prensa: La propuesta no pretende regular al periodismo independiente; su objetivo es profesionalizar la comunicación institucional y transparentar el uso de recursos públicos. El periodismo independiente no puede ser dependiente del gobierno para su pervivencia.

Profesionalizar requiere inversión, pero la omisión cuesta más: Campañas ineficaces, errores en crisis, gasto opaco.

Asignar presupuesto para la comunicación profesional es asignar presupuesto para prevención, transparencia y eficacia.

La profesionalización de la comunicación pública y el periodismo en Tlaxcala no es un capricho gremial ni un ejercicio técnico ajeno a la ciudadanía: Es un acto de responsabilidad total hacia toda la sociedad que es a la que servimos.

El periodista y el comunicador público tienen un fin superior que se llaman hombres y mujeres, no se debe ver el periodismo como una forma cómoda de ver la vida o como una amenaza hacia los servidores públicos, ni tampoco se puede condicionar la publicidad a un sometimiento de la línea editorial.

Cuando las instituciones comunican con rigor, las decisiones públicas se toman con mejor información y la ciudadanía recupera confianza en sus gobiernos y en los medios de comunicación que informan de manera centrada y ecuánime.

Perseguir seguidores, alcances y reacciones en redes sociales, ha alejado al periodista y a los medios de comunicación de su propósito original: Informar 

No se trata de que la palabra la maneje cualquiera, sino que los profesionales garanticen que la voz del que no la tiene, el Estado la reconozca, la valore y la atienda en demanda de justicia y quienes nos dedicamos al servicio público de informar y comunicar, lo hagamos a la altura de la complejidad del siglo XXI para acercar a unos y otros.

* Alejandro Aguilar Gómez, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano, es periodista y empresario de medios con más de tres décadas de trayectoria. Fundador y CEO de Grupo Monitor, dirige los portales digitales MonitorXpress y MX en la Noticia. Ha sido jefe de información en prensa escrita, director de noticiarios radiofónicos y consultor en marketing político y comunicación estratégica. Es Presidente Fundador del Colegio de Periodistas y Comunicadores de Tlaxcala A.C. (2025-2029) y ha recibido 2 Doctorados Honoris Causa por su contribución al periodismo en México. Reconocido especialista en comunicación social, marketing digital y gestión de crisis, combina la praxis periodística con la consultoría política y la innovación en tecnologías de opinión pública.