¿Y las pruebas, senadora? Los desvaríos de Ana Lilia Rivera
¿Y quién fue la xxxxxxxxx que dijo que desde Estados Unidos quieren “acabar con la vida” de Andrés Manuel López Obrador?.
Y no lo dijo cualquier militante desde una sobremesa, ni un usuario anónimo de redes sociales.
Lo dijo la iracunda Ana Lilia Rivera, senadora de la República, integrante de Morena y quien además ha ocupado la presidencia del Senado.
Por eso sus palabras tienen un peso político e institucional que no puede despacharse con un simple “es su opinión”.
La pregunta es elemental: ¿de dónde salió semejante acusación?
Porque hasta ahora, al menos públicamente, no se conocen pruebas que permitan sostener que el gobierno de Estados Unidos tenga un plan para atentar contra la vida del expresidente. Tampoco se ha identificado a una agencia, funcionario, autoridad o grupo estadounidense responsable de una supuesta amenaza de esa naturaleza.
Una cosa es cuestionar las políticas de Washington, denunciar presuntas injerencias, criticar a Donald Trump, confrontar declaraciones de funcionarios estadounidenses o advertir sobre las tensiones entre México y Estados Unidos. Todo eso forma parte del debate político y diplomático.
Otra, muy distinta, es afirmar que un gobierno extranjero quiere matar a un expresidente de México.
Eso ya no es una consigna política cualquiera. Es una acusación de enorme gravedad, con potenciales implicaciones diplomáticas y de seguridad nacional.
Por eso resulta inevitable preguntarle a la senadora Rivera: ¿qué sabe que los demás no sabemos?
Si tiene información, que la presente.
Si recibió una alerta de inteligencia, que explique, hasta donde sea legal y posible, qué institución la emitió.
Si conoce una amenaza concreta, que diga ante qué autoridad mexicana fue reportada.
Si tiene documentos, testimonios, informes o cualquier elemento verificable, que los ponga sobre la mesa.
Porque si no existen esas pruebas, entonces la pregunta cambia radicalmente: ¿con qué responsabilidad se lanza una acusación semejante desde la tribuna política?
El periodista José DíazMachuca lo planteó con crudeza en redes sociales: Si Ana Lilia Rivera tiene pruebas, debe presentarlas y explicar qué autoridad estadounidense estaría detrás de algo tan grave. Si no las tiene, debe hacerse responsable de sus palabras.
https://x.com/JJDiazMachuca/status/2089528313190523312?s=20
Luis Cárdenas fue todavía más preciso al advertir que, hasta ahora, no se han hecho públicas pruebas que sustenten el señalamiento ni se ha precisado qué autoridad, funcionario o grupo estadounidense estaría detrás.
https://x.com/LuisCardenasMx/status/2089537873779269821?s=20
Y ahí está justamente el asunto.
No se trata de defender a Estados Unidos. Tampoco de salir en defensa de Trump, Marco Rubio o cualquier otro funcionario de Washington. Se trata de defender algo mucho más básico: la responsabilidad pública de quien ocupa un cargo de representación popular.
Porque cuando un ciudadano común afirma en redes que alguien quiere asesinar a López Obrador, podrá generar polémica, indignación o burlas. Pero cuando lo afirma una senadora de la República, el estándar debería ser otro.
Mucho más alto.
La política mexicana se ha acostumbrado peligrosamente a convertir sospechas en certezas, versiones en hechos y consignas en argumentos. Basta repetir una afirmación suficientes veces para que una parte de la conversación pública termine aceptándola como verdad.
Pero una acusación no se convierte en evidencia porque la pronuncie una senadora.
Tampoco porque provenga de Morena.
Mucho menos porque involucre a Estados Unidos.
Y aquí aparece una contradicción particularmente incómoda para la propia Cuarta Transformación. Durante años se ha exigido a periodistas, opositores y adversarios políticos presentar pruebas cuando formulan acusaciones contra integrantes del movimiento. Se ha reclamado rigor, documentos, fuentes y evidencias.
Entonces, ¿por qué habría de ser diferente cuando quien acusa es una legisladora morenista?
La exigencia debe ser exactamente la misma.
Pruebas Senadora.
No consignas.
Pruebas Senadora.
No interpretaciones.
Pruebas Senadora.
No “me dijeron”.
Pruebas Senadora.
Porque si existe una amenaza real contra la vida de Andrés Manuel López Obrador, el asunto es demasiado serio para convertirlo en material de propaganda política. Y si no existe tal evidencia, también es demasiado serio para utilizarlo como recurso discursivo.
Hay además una segunda pregunta que no debería quedar en el aire: ¿la presidenta Claudia Sheinbaum comparte la afirmación de la senadora?
Porque una cosa es lo que diga una legisladora a título personal y otra muy diferente que una integrante del partido en el gobierno formule una acusación contra una potencia extranjera sin que exista una aclaración pública desde el Ejecutivo.
La política exterior de México no puede construirse a golpe de declaraciones irresponsables.
Mucho menos alrededor de acusaciones de asesinato.
Si el gobierno mexicano tiene información de que existe una amenaza estadounidense contra López Obrador, entonces corresponde actuar por las vías institucionales, diplomáticas y de seguridad que establece el Estado mexicano.
Si no la tiene, alguien debería decirlo.
Y decirlo pronto.
Porque mientras nadie aclare el origen de la acusación, el problema seguirá creciendo por una razón muy sencilla: cuando una senadora dice que desde Estados Unidos quieren “acabar con la vida” de un expresidente, la sociedad tiene derecho a saber si está frente a una amenaza real, frente a información reservada que no puede hacerse pública o simplemente frente a una afirmación política lanzada sin sustento verificable.
No es un asunto menor.
México mantiene una relación compleja, intensa y estratégica con Estados Unidos. Hay diferencias comerciales, migratorias, de seguridad, narcotráfico, energía y soberanía. Precisamente por eso, quienes tienen responsabilidades públicas deberían medir el alcance de cada palabra.
Una acusación de intento de asesinato no es una metáfora.
No debería utilizarse como tal ni tampoco como ocurrencia desproporcionada e irresponsable.
Y tampoco puede pretenderse que la prensa simplemente reproduzca la declaración y siga adelante.
Antes de que me tilde de imbécil senadora, sepa que el periodismo tiene precisamente la obligación de preguntar lo incómodo: ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿con qué información?, ¿qué autoridad lo sabe?, ¿qué evidencia existe?
Esas preguntas no convierten a nadie en enemigo de López Obrador ni suyo.
Tampoco en defensor de Estados Unidos.
Son, simplemente, preguntas que cualquier funcionario debería estar preparado para responder cuando realiza una acusación de semejante calibre.
Ana Lilia Rivera tiene todo el derecho de expresar sus convicciones políticas. Tiene derecho a defender a López Obrador y a cuestionar a Estados Unidos. Tiene derecho incluso a sostener que existen intereses extranjeros que pretenden afectar a la Cuarta Transformación.
Lo que no puede esperar es que una acusación extraordinaria sea aceptada sin evidencia extraordinaria.
Y ahí está el verdadero dilema.
Si la senadora tiene las pruebas, que las presente.
Si no puede presentarlas por razones de seguridad o confidencialidad, que explique qué autoridad mexicana conoce el caso.
Y si no tiene ni pruebas ni información verificable, entonces tendría que explicar por qué hizo una acusación que puede tener consecuencias mucho más allá del discurso partidista.
Porque en política, como en periodismo, las palabras tienen consecuencias.
Y cuando desde el Senado de la República se dice que una potencia extranjera quiere matar a un expresidente, ya no basta con decirlo.
Hay que demostrarlo y no andar diciendo tonterías populistas aquí y allá de manera simplona.
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