Regidores mienten sobre presuntos malos manejos en Lázaro Cárdenas
Regidores del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas han difundido señalamientos sobre presuntos malos manejos financieros en la administración municipal, encabezada por la presidenta Elena Macías Díaz; sin embargo, ninguna de las acusaciones ha sido acompañada de evidencia legal, documental o técnica que las respalde, lo que supondría un chantaje personal para obtener ventajas financieras personales.
De acuerdo con publicaciones difundidas en medios locales y redes sociales, los regidores han asegurado que la alcaldesa impulsa supuestos “sueldazos”, incrementos salariales discrecionales y privilegios injustificados para funcionarios que —afirman— carecen de perfil profesional.
Las notas, tituladas entre otras ¡Tensión al límite en Lázaro Cárdenas! y Escándalo en Lázaro Cárdenas, incluso advierten un presunto “colapso financiero” y la toma de decisiones “a puerta cerrada”.
No obstante, una revisión del contenido de dichas publicaciones muestra que no se incluyen cifras, documentos oficiales, balances presupuestales, dictámenes técnicos ni informes emitidos por la Tesorería Municipal, la Contraloría, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) o comités internos del Ayuntamiento que sustenten las acusaciones difundidas, lo que supone un intento por desestablilizar la administración de Macías Díaz.
En contraste, fuentes cercanas a la administración municipal señalan que no existe, hasta el momento, ningún procedimiento administrativo o fiscal en curso que acredite las versiones promovidas por los regidores, ni observaciones formales por parte de instancias fiscalizadoras competentes.
Adicionalmente, se advierte que la actuación de los regidores podría contravenir lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, la cual les impone responsabilidades claras de supervisión, análisis y participación activa en la vida administrativa del Ayuntamiento; las sanciones que podrían alcanzar es desde la inhabilitación hasta penas corpóreas que ameriten reclusión en un penal.
De acuerdo con esta normatividad, los ediles estarían incumpliendo sus obligaciones institucionales al limitar su actuación a señalamientos públicos sin sustento legal ni acciones formales dentro de los cauces que la ley establece.
Pese a este escenario, la presidenta municipal no ha iniciado denuncias penales, administrativas ni sociales contra los regidores por un posible incumplimiento de sus funciones, manteniendo —hasta ahora— una postura que su administración define como de civilidad política y respeto institucional, en medio de un clima de confrontación que continúa escalando en el ámbito mediático.
Comentarios