
Resultados pobres y polarizados evidencian parcialidad del ITE en elección judicial
A pesar del discurso oficial que prometía un proceso democrático inédito y ejemplar, los resultados de la elección para la Magistratura del Tribunal Superior de Justicia en Materia Penal y Especializada en Justicia para Adolescentes reflejan una realidad desalentadora: una jornada marcada por la baja competitividad, la polarización y la evidente inclinación institucional.
Con el 100% de las 820 casillas computadas, el triunfo se lo llevó Ricardo Rodolfo Trejo Ortiz con 30,915 votos, seguido por Verenice García Zaldívar con 20,484, y en tercer lugar, Yuridia Jamilette Contreras Hernández, con 18,639 votos.
La diferencia entre el primer y segundo lugar fue de más de 10 mil votos, una distancia considerable que pone sobre la mesa no solo el posicionamiento del candidato ganador, sino también las condiciones de inequidad con las que compitieron los demás aspirantes.
Incluso entre el segundo y tercer lugar, la contienda fue más cerrada, con una diferencia de apenas 1,800 votos, lo que evidencia un voto fragmentado en el resto del electorado.
Estos resultados no solo hablan de un proceso desigual, sino de un organismo electoral –el ITE– que no logró generar confianza, equidad ni verdadera competencia democrática. Para muchos actores judiciales, lo ocurrido representa más una simulación de elección que un ejercicio auténticamente ciudadano.
Diversos participantes y observadores del proceso han manifestado su inconformidad con la falta de transparencia, reglas poco claras y ventajas evidentes en favor de ciertos perfiles, que contaron con mayores condiciones de exposición, cobertura y hasta respaldo implícito de estructuras institucionales.
❝Más que una elección, esto pareció una ratificación encubierta. La cancha nunca estuvo pareja❞, opinó un abogado que participó como observador electoral.
La elección judicial, que pretendía dar un giro histórico al sistema de justicia en Tlaxcala mediante el voto popular, terminó envuelta en dudas legítimas sobre su legalidad, imparcialidad y legitimidad. La responsabilidad del ITE, como árbitro de este proceso, queda seriamente comprometida ante el pobre resultado en términos de competencia real y credibilidad ciudadana.
Mientras tanto, el nuevo magistrado asume el cargo en un ambiente de fractura y desconfianza, con un mandato más cuestionado que legitimado.
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