• Veracruz

• Redacción
• 20 junio 2022

Campesinos de comunidades ayuujk del Istmo acusan presencia de trabajadores de empresa contratada por la CFE, quienes realizan trabajos en sus tierras para construir esta obra federal

Sin permiso de las comunidades ayuujk, trabajadores de la compañía Temura, contratada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ingresan a las parcelas ejidales y colocan señalamientos con las coordenadas por donde, suponen los campesinos, pasará el gasoducto que se construirá desde Chinameca, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca.

Carlos Beas Torres, asesor de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), dice  que los campesinos de poblaciones como El Barrio de La Soledad, La Cumbre de Matías Romero y Piedra Blanca, de San Juan Guichicovi, han compartido fotos de señalamientos sembrados en sus tierras por quienes realizan  estudios para el proyecto.

La construcción de ese gasoducto de 36 pulgadas de diámetro y 270 kilómetros de longitud, que pretende cruzar  la estrecha franja del Istmo de Tehuantepec, es impulsada por la CFE para satisfacer las necesidades de gas natural a empresas del sur del país,  y sobre todo de  las que se establezcan en los parques industriales que promueve el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

De acuerdo con la  coordinadora de Asistencia Legal de Ucizoni, Juana Ramírez Villegas, desde octubre de 2021 “la CFE contrató los servicios de la consultora Temura para que recorra las comunidades y trate de convencer a  autoridades ejidales de los  municipios de  Guichicovi y Matías Romero  para que den  su anuencia para los estudios”. Algo que no ha ocurrido.

“Los campesinos están muy molestos, la gente contratada por la CFE está ingresando a sus tierras sin permiso”, advierte Beas Torres, quien  insiste en que ese gasoducto pondrá en riesgo la soberanía de México debido a que el financiamiento de 800 millones de dólares para su construcción provendrá de empresas estadounidenses como Mirage Energy y Northern Hemisphere Logistics.

Por ahora, explica el asesor de los campesinos, el proyecto del gasoducto se encuentra en la etapa de estudios y definición del trazo, para verificar las condiciones del terreno y la viabilidad de la obra. Y aunque aún no se observan trabajos de excavación, los empleados de la consultora ya andan en los pueblos sin permiso alguno.

Durante el encuentro Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro,  que encabezó el presidente  Andrés Manuel López Obrador en junio de 2019 en Oaxaca, se “detectó la necesidad de suministrar gas natural a la zona sur-sureste” del país, ante la llegada de diversos proyectos detonadores a la región.

A partir de entonces, la CFE avanzó en los trabajos de ingeniería financiera en busca de socios y, conjuntamente con el Corredor Interoceánico, abrieron las puertas para nuevos proyectos de desarrollo vinculados al gasoducto, como la construcción de una planta de licuefacción en Salina Cruz.

De acuerdo con la convocatoria emitida por CFE Energía, lanzada desde finales de agosto de 2021, además del ducto para transportar 500 mil millones de pies cúbicos (MMPC) de gas natural, se construirá esa planta de licuefacción para convertir el gas en energía  y ofrecer una capacidad inicial de 430 MMPC, así como una terminal marítima promovida por el CIIT. Esto se suma a los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), o parques industriales que contempla el corredor y que  requerirán del gas natural.

Sin embargo,  las comunidades indígenas insisten en que,   desde el inicio,  ninguno de  los proyectos del Plan Transístmico ha contado con la aprobación de los pueblos, pues no hubo un genuino proceso de consulta, y con el  gasoducto se repiten los mismos vicios: no consultan y tampoco piden permiso.

Ante ello, los campesinos han optado por impedir el paso o de plano expulsar a los trabajadores de la zona.

Hasta el momento, tampoco  se ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante Semarnat por el proyecto del gasoducto.