• Veracruz

• Redacción
• 17 junio 2022

A partir de 1972, miles de indígenas chinantecos fueron desplazados forzosamente por el gobierno federal para la construcción de la presa Cerro de Oro, en el municipio de San Lucas Ojitlán, región Cuenca del Papaloapan; 50 años después, continúa su lucha para que el gobierno federal cumpla con su promesa de entregarles nuevas tierras.

De acuerdo con el sociólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Joel Rojo Horta, el decreto data de 1972, cuando era presidente de la República Luis Echeverría Álvarez; en él, se expropian diversos núcleos agrarios de la población indígena chinanteca. 

La promesa del gobierno federal fue la entrega de nuevos terrenos en los que podrían continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras.

Sin embargo, Joel Rojo explica que de las 260 mil hectáreas entregadas en el Uxpanapa, “90% no son aptas para la agricultura, sólo para la cría de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente [los chinantecos] no desarrollaban”.

Sin tierras y sin pago

La diputada federal Irma Juan Carlos señala que desde hace algunos años el Comité Prodefensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Chinantecos Desplazados por la Presa Cerro de Oro han insistido ante diferentes instancias del gobierno federal, para que atiendan sus demandas y cumplan con sus promesas.

Sus reclamos actuales, precisa la legisladora federal, se basan en que fueron reubicados en tierras que no son aptas para la actividad agrícola, no se les dotó de las cantidades de tierras que se les prometió, la calidad de la tierra que se les dio es muy inferior a la que tenían y/o casi inservible para la siembra y no cuentan ni se les dotó con sistemas de riego, porque en muchos poblados carecen de agua y, en otros casos, sus tierras se inundan y quedan inservibles.

Tampoco se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan.

Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no les pagaron de forma adecuada las prestaciones a las que tenían derecho, en su calidad de expropiados y ejidatarios.

A esto se suma que del extinto Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fonafe), ahora Fideicomiso para el Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fifonafe), quedaron pendientes pagos individuales y de bienes comunes como lo son parcela ejidal, escolar, de la mujer y deportiva.

Mientras que en la vivienda de las que se les dotó carecen de lo básico, ya que sólo en algunos casos se les entregó con servicio de drenaje y agua; no existe electrificación ni caminos carreteros que les permitan estar comunicados con el exterior. 

Por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación, en su gran mayoría sólo se hizo de forma documental, puesto que físicamente nunca se entregó el material y en otros casos sólo fue parcial.