• Veracruz

• Redacción
• 12 mayo 2022

El 18 de diciembre de 2020, la ciclista Gabriela Soto fue atropellada y asesinada por el chofer de un camión de transporte de pasajeros de la empresa Zaachila-Yoo en Xoxocotlán, Oaxaca. A más de un año, la carpeta de investigación continúa abierta y no hay sentencia contra el responsable ni contra la empresa.

Desde entonces, su hermana Esther Soto decidió dejar el automóvil y aprender a andar en  bicicleta, que  se ha convertido en su medio de transporte. Paralelamente,  fundó el colectivo Gabi Soto Bici Blanca,  con el cual sigue  exigiendo justicia para Gabriela y dando asesoría y visibilización a otros casos de ciclistas atropellados.

Fue así como  descubrió que en ninguno de los casos hay justicia para las víctimas;  en algunos se enfrentan a diversos obstáculos en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), como  la pretensión de sobornos para que las investigaciones avancen e incluso la desaparición de documentos para encubrir a los responsables.

“No hay realmente un caso  con  justicia. El caso de Gabriela sigue abierto; en el de Mitla les vaciaron su carpeta de investigación;  el de Ricardo Contreras está abierto, aunque hay  datos de quién pudo ser  el responsable; de los señores atropellados  en la carretera a Cuilapam no se sabe si se abrirá  una carpeta de investigación, aunque   se debe hacer por oficio”, explica.

Como víctima indirecta, Esther ha tenido que estar al tanto de la carpeta de investigación sobre el asesinato de su hermana, porque, de no hacerlo,  “puede desaparecer”. Con esto, ejemplifica, las víctimas no sólo cargan con el dolor, la pena, la ausencia y el preguntarse por qué ocurren estos hechos; también deben  estar pendientes   día y noche de sus casos, porque  las instituciones no lo hacen.

En el caso de Gabriela Soto, detalla, el chofer del camión de la empresa Zaachila-Yoo está en prisión preventiva, pero no por  el asesinato, sino por darse a la fuga el día de la audiencia inicial ante un juez. Por ello  fue detenido y se le impuso la prisión preventiva.

“Así como podemos ver más ciclistas en las calles, desgraciadamente los siniestros viales que acaban con una persona muerta  también se empiezan a visibilizar más”, dice.

Es por eso que Esther llamó a las autoridades estatales a intervenir de manera justa y pertinente en estos temas, saber qué está haciendo la Fiscalía General de Oaxaca, así como  las policías estatales y municipales.

Y  conocer  hasta dónde el personal encargado de investigar los casos realmente están haciendo un servicio a la ciudadanía y no sólo actuando a favor de los responsables del delito, como se ha denunciado en el caso de los dos ciclistas asesinados en  Mitla por una mujer que supuestamente conducía en estado de ebriedad y en el que desaparecieron  documentos sobre la propiedad del vehículo.

“Como víctima indirecta, te lo puedo asegurar, para la persona que mató a mi hermana, la justicia no es más noble para los que se quedan, no es más oportuna cuando se quedan”.

David Morales, del colectivo Enbiciando, agrega que los asesinatos de ciclistas siempre han ocurrido, pero en los últimos años se han logrado visibilizar más. Antes, dice, se habían preocupado por fomentar el uso de la bicicleta y no habían reparado en estas  situaciones que pasan no sólo a quienes usan este transporte, sino también a peatones y motociclistas.

“A partir de la muerte de Gaby, su hermana ha iniciado una labor muy importante de visibilizar y de exigir justicia. Después de esto, nos involucramos varios amigos más y más ciclistas, para darle  soporte a este asunto en casos de injusticia”.

El activista sostiene  que en la mayoría de los casos prevalece la impunidad   porque se acostumbra que cuando una persona es asesinada en un hecho de tránsito, se soluciona con un pago a los familiares —como parte de la  reparación del daño —, pero no hay ningún otro tipo de sanción ni acciones para evitar que continúen ocurriendo.