• Veracruz

• Redacción
• 17 mayo 2022

Oaxaca es la cuarta entidad con más linchamientos del país, los más recientes reportados en la región del Istmo; vacío de autoridad y hartazgo son algunas causas, señala el órgano autónomo

El hombre vestido con playera blanca apenas puede caminar. Corre torpemente entre la camioneta en llamas y una multitud enfurecida que incita a su linchamiento. Por momentos, se escapa de los cuatro sujetos que lo persiguen, pero las personas que rodean la escena impiden su escape, lo vuelven a sujetar, lo derriban al suelo, lo cargan entre los cuatro y lo lanzan al fuego.

El hombre se levanta rápido, pero aun así el fuego le provoca quemaduras de segundo grado en 40% de su cuerpo, indica la parte médica después de que, a punto de ser "ajusticiado", fue rescatado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Oaxaca. 

La secuencia de imágenes corresponde a una escena que aunque no es cotidiana o común, tampoco es rara o imposible en la región del Istmo de Tehuantepec, considerada desde hace algunos años como la más violenta del estado.

Se trata del intento de linchamiento de una de seis personas originarias de Chiapas en la población de Chahuites en la zona oriente del Istmo, quienes fueron acusadas de un supuesto robo de infantes. Cinco de los seis chiapanecos recibieron atención por contusiones en  cabeza, cuerpo y quemaduras. Ninguno de los habitantes fue detenido.

La última vez que se registró un linchamiento en la zona fue en diciembre de 2016, en San Francisco del Mar. En esa ocasión Jesús Guillermo López, vendedor de medicamentos de la empresa Dipromed, también de Chiapas, fue confundido con un raptor de menores, colgado en la puerta de la comandancia municipal y asesinado a palos. No hubo detenidos y el pueblo se adjudicó la “justicia”.

Problema añejo 

El linchamiento más reciente en toda la región se registró en  junio de 2020, en  plena pandemia de Covid-19, cuando en la comunidad ikoots de Huazantlán del Río, perteneciente a San Mateo del Mar, asesinaron a 15 personas prendiéndoles fuego, a algunos aplastándolos con tabiques de concreto y  otros más cercenándoles las extremidades, según el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dado a conocer a casi dos años. 

 En dicho documento se emiten recomendaciones tanto a autoridades federales como estatales, a  la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y al gobernador  Alejandro Murat, por las violaciones graves a derechos humanos y  las acciones violentas que derivaron en el linchamiento.

En el informe de 99 páginas, la CNDH detalla que en 25 años, de 1988 a septiembre de 2017, Oaxaca ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con el mayor número de linchamientos y tentativas, con 60 casos, sólo después del Estado de México, Puebla y la Ciudad de México. 

La CNDH reconoció que es poca la información oficial sobre linchamientos y que son los medios de comunicación los que los registran.
En 2020, por ejemplo, la  asociación Causa en Común realizó un conteo de notas periodísticas nacionales y estatales. Este estudio mostró que en el primer semestre de ese año Oaxaca registró 10 intentos de linchamiento, seguido por Puebla con nueve; en un caso más la víctima falleció al no poder detener el linchamiento en Oaxaca, mientras que en Puebla se concretaron tres linchamientos.

Sobre las causas que llevan a un grupo de pobladores a tomar la justicia en sus manos y ajusticiar a alguna persona, el órgano autónomo federal explica que estos se relacionan con el abandono o ausencia de autoridad, la inseguridad, la desigualdad social, entre otros aspectos, que convergen, pero que no deben justificar conductas violentas que producen delitos y violaciones a derechos humanos.

“Son múltiples las causas que propician los linchamientos, principalmente la crisis de autoridad ante el incumplimiento o negligente actuar del Estado, y el hartazgo institucional”, argumenta la CNDH. 

La comisión también señala que existen factores que propician la violencia colectiva, como desconfianza, indiferencia, impunidad e ineficacia de las autoridades para actuar frente a la inseguridad, que causa el hartazgo social, pero también para castigar linchamientos.  

Esto porque en la mayoría de los casos, las personas que participan no son procesados penalmente y da la impresión que pueden actuar impunemente bajo una pretendida justificación de que “aquí lo decide la gente” o que es “la decisión del pueblo”, tal y como se ha registrado en los últimos años en el Istmo de Tehuantepec.