Jorge Romero y el Ministerio de la Verdad que él mismo inventó
“Toda guerra se basa en el engaño”. — Sun Tzu, El arte de la guerra
La válvula de la Bialetti tiembla antes de dejar salir el café: es presión que busca escape antes de tiempo, y es la misma vibración que reconozco en un boletín político que necesita denunciar algo antes de que ese algo exista. El 9 de agosto de 2026, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que su partido impulsará una iniciativa para regular el derecho de réplica en "la mañanera del pueblo", conferencia que calificó de "tribunal político" y antesala de un "Ministerio de la Verdad". La presión sube antes de que hierva el agua: Romero denuncia una censura que, revisado el expediente regulatorio vigente, no aparece en ningún lineamiento publicado ni propuesto. La pregunta que ordena esta disección no es si le asiste una causa legítima (la rendición de cuentas del poder siempre lo es), sino por qué elige defenderla con acusaciones que no resisten el cotejo documental, cuando el expediente real le habría bastado.
La misma ley que Romero invoca para exigir un micrófono puede, algún día, obligarlo a abrir el suyo.
El error de categoría: confundir al Ejecutivo con un concesionario
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, puestos a consulta pública por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT, el órgano que desde este año vigila a radiodifusoras y televisoras) del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, imponen obligaciones a concesionarios de radio y televisión: código de ética, defensor de audiencias, atención de quejas en 20 días. Romero exige que esas obligaciones, incluida la réplica, alcancen también a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El problema es categorial, no ideológico. La mañanera no tiene concesión, no vende publicidad y no responde a un código de ética privado porque es exactamente lo contrario de un medio: es el gobierno hablando de sí mismo, sujeto a rendición de cuentas política y electoral, no a regulación de radiodifusión. Robert Entman explicó que un encuadre necesita cuatro piezas para operar: define el problema, atribuye la causa, emite un juicio moral y propone la solución. Romero arma las cuatro piezas sobre un objeto que no existe donde él lo coloca, y el resultado técnico tiene nombre en teoría de la argumentación: un hombre de paja, la sustitución de la tesis real del adversario por una versión más fácil de derribar. La propia presidenta lo dijo el 29 de julio, antes de que el PAN hablara: los lineamientos no alcanzan a plataformas digitales ni a medios impresos, y calificó de anticipada la acusación de censura.
El fantasma que ya fue enterrado una vez
Este no es el primer ciclo de esa alarma. En mayo de 2025, el gobierno federal retiró de su propia iniciativa el artículo 109 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la disposición que sí habría permitido bloquear temporalmente plataformas digitales por incumplimiento normativo. El Senado confirmó la eliminación en junio de ese año, con el argumento explícito de evitar cualquier mecanismo de censura previa. Quince meses después, el boletín panista de agosto de 2026 vuelve a agitar el espectro de un control gubernamental de las redes que ya fue removido del expediente legislativo por decisión de la propia presidenta, con el respaldo adicional de voces como la Arquidiócesis Primada de México. Nicolás Maquiavelo, siguiendo la lectura que hace Quentin Skinner de El Príncipe, advertía que la apariencia del peligro rinde más réditos políticos que el peligro real cuando el objetivo no es prevenir la amenaza sino cohesionar a un bando disperso. El PAN no necesita que exista un Ministerio de la Verdad, necesita que sus bases crean que existe, porque la oposición mexicana carece hoy de una agenda propia distinta a la resistencia narrativa.
Romero arma las cuatro piezas del encuadre sobre un objeto que no existe donde él lo coloca: eso, en teoría de la argumentación, se llama hombre de paja.
La contradicción que Romero no puede sostener dos veces
Aquí aparece la grieta lógica, y tiene además un nombre jurídico preciso. Romero exige que la mañanera sea tratada como medio de comunicación, para forzar la réplica, y en el mismo boletín rechaza que el gobierno pueda fijar criterios de veracidad para cualquier emisor porque, sostiene, eso es censura. No puede ser ambas cosas: si la mañanera es medio, queda sujeta a los lineamientos que el PAN combate; si no lo es, la réplica regulada que exige carece de fundamento. Pero el filo corta hacia los dos lados del expediente. El artículo 4 de la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica, vigente desde 2015, obliga no solo a medios de comunicación sino a "cualquier otro emisor de información responsable del contenido original" que difunda datos falsos o inexactos y cause agravio. Un boletín partidista que atribuye al gobierno una facultad de censura ya eliminada de la ley encaja en esa definición. León Festinger llamó disonancia cognitiva a la tensión de sostener dos creencias incompatibles, y describió que la resolución más común no es corregir la creencia falsa sino reforzar el argumento que protege la identidad del grupo. Romero no resuelve la contradicción, la esconde detrás de una frase con gancho, "Ministerio de la Verdad", repetida el 3 de agosto en entrevista con Azucena Uresti. El contraste internacional ayuda a fijar la proporción: en Australia, el Parlamento aprobó en 2024, con respaldo bipartidista, una edad mínima de 16 años para redes sociales por protección infantil; ahí fueron organizaciones civiles de derechos digitales, no el partido de oposición, quienes disputaron la medida como riesgo a la libertad de expresión. El PAN invierte ese mapa: convierte la protección de audiencias y de menores en el terreno de la censura, en lugar de exigir mejor diseño regulatorio.
A quién le conviene el fantasma
El cálculo tiene una lectura pragmática. Cada vez que Morena discute niñez y algoritmos, el PAN prefiere discutir dictadura. Es una sustitución de agenda, no en el sentido de fijarla sino de esquivarla, porque el terreno técnico (verificación de edad, publicidad dirigida a menores, sanciones al grooming digital) no le rinde el mismo capital simbólico que el terreno moral de la resistencia democrática. El costo de esa apuesta es medible: mientras el PAN no fije postura sobre los contenidos concretos, ¿a favor o en contra de verificar la edad de quien abre una cuenta?, ¿a favor o en contra de limitar la publicidad dirigida a la infancia?, cede ese terreno completo al gobierno, que sí puede mostrar un texto, una fecha de consulta y una funcionaria explicando el mecanismo en conferencia pública. Un boletín que denuncia censura y se replica libremente en radio, televisión, redes y columnas, incluida esta, desmiente con su propia circulación la tesis que defiende. La ganancia política existe, pero es de corto alcance: cohesiona a un núcleo ya convencido y no suma un solo voto entre quienes todavía deciden con datos.
El poder empieza a pagar la factura no cuando lo acusan de censurar, sino cuando la acusación resulta más barata de sostener que la explicación técnica que la desmentiría, y esa factura la paga también quien acusa: la misma ley que Romero invoca para exigir un micrófono puede, algún día, obligarlo a abrir el suyo. El artículo 109, enterrado desde 2025, seguirá resucitando cada agosto porque a Jorge Romero le cuesta menos evocar un ministerio inexistente que argumentar, ante una audiencia real, por qué un padre no debería poder saber la edad de quien habla con su hijo detrás de una pantalla.
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