Arranca Gobierno de NL programa para regularizar asentamientos humanos

Arranca Gobierno de NL programa para regularizar asentamientos humanos

Buscan impulsar el derecho a una vivienda digna, Estado, municipios y dependencias federales.

En un esfuerzo para que Nuevo León sea una entidad con un desarrollo urbano ordenado, sustentable y resiliente, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda arrancó el Programa Interinstitucional de Regularización de Asentamientos Humanos.

El Mandatario estatal dijo que actualmente el Instituto de la Vivienda tiene contabilizados un total de 154 asentamientos identificados para regularizar, distribuidos en 30 municipios, donde habitan 20 mil familias; sin embargo, están 358 por censar y estiman cerca de 30 mil familias más.

“Estamos hablando de más de 50 mil familias, muchas orondas y otras que vienen de fuera por el impulso y la economía de este gran estado”, expresó García Sepúlveda.

“Con tal de lograr igualdad tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos, no hay excusas jurídicas, políticas, no debiera haberlas.

“Hay que entrarle como Estado a defender a los más vulnerables, porque ningún lucro de un desarrollador está por encima de esa gente. Entrémosle pues a ayudarlos de a deveras y que este convenio, estos 32 convenios muestren que aquí estamos hombres y mujeres de Estado a demostrar la fuerza y el poder bien utilizado para estas 50 mil familias de Nuevo León que llevan años en agonía”.

El Gobernador añadió que no hay que dejar que sea letra muerta el artículo constitucional del derecho a una vivienda digna y decorosa

Anunció además que enviará al Congreso local la propuesta para fusionar Fomerrey y el Instituto de la Vivienda, a fin de no duplicar funciones y competir entre ellas, y principalmente hacer más con menos.

Eugenio Montiel Amoroso, director Ejecutivo del Instituto de la Vivienda y de Fomerrey, informó que a través de este programa identificarán y localizarán aquellas colonias irregulares, al mismo tiempo que acelerará las escrituraciones de las áreas regularizadas.

“No se trata de promover desorden urbano sino reconocer una situación que de facto lleva años y que se requieren tomar decisiones para su solución”, indicó.

Montiel Amoroso dijo que se trabajará en acciones para evitar que se sigan presentando más asentamientos irregulares. También hizo un llamado a los legisladores a agilizar el proceso de regularización de predios para otorgar certidumbre jurídica y patrimonial a familias de escasos recursos.

En la presentación se detalló que el objetivo de este programa interinstitucional es incorporar los asentamientos irregulares al Sistema Estatal de Planeación, así como al Programa de Ordenación Territorial de la Zona Metropolitana de Monterrey 2040, y alcanzar con ello un desarrollo urbano ordenado y sostenible que contribuya a erradicar la pobreza extrema, brindar acceso a su población a la tecnología e incluirlos en la agenda del Suelo Legal del área metropolitana y demás municipios.

Además, se estableció una Comisión integrada por funcionarios del Instituto de la Vivienda, del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León y sus áreas involucradas, así como de Protección Civil, Agua y Drenaje, Desarrollo Urbano y Movilidad y Planeación Urbana que estarán trabajando para garantizar vivienda digna y legal a personas vulnerables.

Para formalizar este evento que busca garantizar el derecho primordial a una vivienda digna, se signaron los Convenios de Regularización de Asentamientos Humanos, uno entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y FOMERREY, así como el de colaboración entre Municipios y este organismo.

En el documento firmado por los presidentes municipales destacan aspectos como que el pago del ISAI será simbólico, que se otorgarán descuentos en actualizaciones catastrales y del impuesto predial, que se trabajará para eliminar el rezago en escrituraciones de lotes liquidados por sus propietarios, y sentar las bases para ofrecer procesos ágiles de regularización de colonias.

Asistieron alcaldes de distintos municipios, miembros del Gabinete estatal y federal, así como representantes del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Congreso del Estado.

El Gobierno Federal también estará involucrado en esta labor, a través de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la SEMARNAT, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

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